A diferencia de las reformas protestantes continentales impulsadas por frailes y académicos, la Reforma Inglesa fue ante todo un «acto de Estado» canalizado a través del poder parlamentario. Entre 1532 y 1534, la Corona inglesa diseñó un entramado legislativo sin precedentes con el propósito de desmantelar la autoridad jurisdiccional, fiscal y judicial del obispo de Roma dentro del territorio británico. Este cambio estructural no buscaba en sus inicios alterar el dogma católico, sino redefinir la jefatura jurídica de la iglesia nacional.
El primer gran hito de este proceso fue la promulgación de la Ley de Restricción de Apelaciones (Act in Restraint of Appeals) en 1533. Esta norma declaró que el reino de Inglaterra constituía un imperio autosuficiente, prohibiendo formalmente que las causas eclesiásticas —incluidos los procesos matrimoniales— fueran apeladas ante tribunales extranjeros en Roma. Apoyándose en esta ley, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, convocó un tribunal local que declaró nulo el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, validando inmediatamente el enlace del monarca con Ana Bolena.
La consolidación institucional del cisma llegó en 1534 con la aprobación de la célebre Acta de Supremacía (Act of Supremacy). Mediante este estatuto, el Parlamento proclamó al rey como la «Única Cabeza Suprema en la Tierra de la Iglesia de Inglaterra» (Ecclesia Anglicana). Esta atribución otorgaba al monarca potestad absoluta para corregir anomalías, examinar doctrinas y nombrar la jerarquía eclesiástica, absorbiendo las prerrogativas de la Sede Romana sin modificar sustancialmente el orden sacramental.
Para blindar estas reformas contra la disidencia interna, el régimen henriciano aprobó la Ley de Traiciones (Treason Act), que tipificaba como alta traición castigada con la muerte cualquier manifestación escrita o verbal que cuestionara los títulos reales. Esta feroz legislación se cobró la vida de figuras prominentes del humanismo y la iglesia que rehusaron prestar el juramento exigido, tales como el excanciller Tomás Moro y el obispo de Rochester, John Fisher.
El golpe definitivo a la infraestructura leal a Roma se ejecutó entre 1536 y 1541 mediante la Disolución de los Monasterios. Dirigida con precisión administrativa por Thomas Cromwell, esta expropiación nacionalizó las tierras y riquezas de más de 800 casas religiosas. Al vender y distribuir estas propiedades entre la nobleza terrateniente (gentry), la Corona creó una próspera clase social cuyos intereses económicos quedaron indisolublemente ligados a la permanencia de la reforma eclesial.